Así lo cree Miguel Angel Valladares, portavoz de la Asociación de Defensa de la Naturaleza (Adena), quien manifestó a Servimedia que el nuevo Código no introduce mejoras sustanciales con respecto al que rige ahora, "que sólo considera delito ecológico los casos de contaminación ambiental muy salvajes".

Adena considera que quien cace, mate o posea ilegalente especies protegidas o en peligro de extinción debe ser duramente castigado por los jueces.

No obstante, Valladares resaltó el cambio de actitud respecto a estos casos que han experimentado durante los últimos años muchas fiscalías.

El anteproyecto contempla penas de 4 años de cárcel, ampliables a 6, y multas de hasta 24 millones de pesetas para las industrias contaminantes, en lugar de los 6 meses de cárcel actuales y los 5 millones de multa.

Asimismo, castiga con arrestos de 12 a 24 fies de semana o el pago de una cantidad económica, que puede oscilar entre las 120.000 y las 240.000 pesetas o entre los 12 y los 24 millones, a quienes establezcan depósitos clandestinos de basuras o residuos industriales.

"TIENE LAGUNAS"

Para Fe Sanchis, abogada y portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) y la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), "la reforma es insuficiente y necesita muchos retoques, porque tiene lagunas".

"Nosotros", agegó, "pedimos que se lleve adelante el mandato del artículo 45 de la Constitución, que establece que habrá una legislación que impedirá la sobreexplotación de los recursos, y el momento ideal para hacerlo efectivo es al reformar el Código Penal, pero eso no aparece por ningún lado".

Aunque considera positivo que el nuevo Código Penal contemple los delitos provocados como consecuencia de la caza y la pesca, lamenta que no pene la recolección de especies protegidas.

Según el texto elaborado por el obierno, los que cacen, pesquen o comercialicen con especies protegidas deberán permanecer en prisión entre 6 meses y 2 años o pagar una multa máxima de 24 millones.

La Coda y Aedenat estiman que, si bien la reforma "supone una ligera mejora, lo que no podemos hacer es esperar 80 años para terminar de hacer las cosas bien".

La abogada de estas organizaciones destacó la necesidad de que "los jueces tomen conciencia de que el medio ambiente es un bien jurídico que necesita protección penal".

Rspecto a la posibilidad de sancionar a los funcionarios que concedan licencias o informen favorablemente sobre proyectos de instalaciones que resultan nocivas para el medio ambiente, Fe Sanchis manifestó que esta responsabilidad debe ampliarse a otros supuestos, como la extracción abusiva de agua que deseca una zona protegida o los desmontes.

TEXTO ALTERNATIVO

Tras apuntar la posibilidad de que la Coda y Aedenat elaboren un texto alternativo, la conservacionista afirmó que son las asociaciones ecoloistas quienes más han estudiado estos casos.

Por su parte, Alejandro Sánchez, de la Sociedad Española de Ornitología (Seo), expresó a esta agencia su esperanza en que el nuevo texto "se tome un poco más en serio el delito ecológico, ya que no hay que olvidar que en España todavía no han condenado a nadie amparándose en él".

Sin embargo, añadió que no tienen "excesivas esperanzas en que las cosas vayan a cambiar sustancialmente, aunque parece que en el tema de vertidos y contaminación se van a ponr más serios y podrían llegar a imponerse algunos castigos ejemplarizadores".