María Angeles Nieto, responsable de Ecologistas en Acción para temas forestales, dijo a Servimedia que con esas fiscalías, que contarán con la colaboración de la Guardia Civil y los agentes forestales, será más fácil encontrar pruebas para inculpar a los autores de los incendios.

Nieto afirmó también que poner un plazo mínimo de 30 años para recalificar y cambiar el uso de terrenos asolados por incendios forestales "servirá para disuadir posibles intenciones de quemar terrenos con una finalidad de cambio de uso".

Denunció que hay bastantes zonas quemadas que han cambiado de uso, sobre todo de forestal a agrícola, en zonas de Murcia, Almería y Extremadura. La nueva ley permitirá penalizar a las instituciones que autoricen esos cambios de uso y a los propietarios de terrenos que se beneficien de ellos.