Esa infraestructura, valorada en más de 60 millones de euros, se costearía a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que distribuye Industria, que anunció recientemente una partida de más de 33 millones para Aragón en Planes de Sostenibilidad Turística ligados a ese Plan.

Según los ecologistas, esos fondos “parece que irán exclusivamente” a la unión de las estaciones de esquí en el Pirineo aragonés “sin aportar nada al resto de la comunidad autónoma”.

Los colectivos convocantes señalaron la “incoherencia” de financiar esta obra con Planes de Sostenibilidad Turística, pues, como ya denunciaron el pasado mes de junio, si el proyecto se materializa puede acarrear “graves impactos ambientales” sobre unos ecosistemas que “ya de por sí se encuentran en una situación muy delicada”.

Además, las entidades concentradas ante Industria consideran que el proyecto ignora las predicciones del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, que advierte de que sostener estaciones de esquí supone incrementar la apuesta por la innivación artificial, lo que pone en riesgo los humedales de la zona y conlleva un aumento del consumo de energía.

NO HACER DAÑO SIGNIFICATIVO

Los grupos ecologistas solicitaron el pasado mes de abril una reunión a Maroto y al entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, para explicarles los impactos negativos de la unión de estaciones de esquí.

La solicitud, que aún no ha obtenido respuesta, se produjo a raíz de que Valdés manifestara la intención de financiar mediante el PRTR de turismo la infraestructura de intercomunicación entre estaciones de esquí. Esa construcción atravesaría el paraje de alto valor ecológico y paisajístico denominado Canal Roya, lindante con el pico Anayet, pendiente de ser nombrado parque natural.

Las organizaciones también advirtieron de que la financiación de este proyecto es contraria al principio de ‘No Hacer Daño Significativo’ (DNSH, por sus siglas en inglés), condición 'sine qua non' para la atribución de los fondos europeos que originan el PRTR. De financiarse, la UE obligaría a España a devolver la cantidad asignada al proyecto.

Por ello, los grupos ecologistas anunciaron su disposición de recurrir esa financiación al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico –garante de la aplicación del principio DNSH– y a denunciar el proyecto ante la UE por el uso inadecuado de los fondos europeos.

Con todo, las organizaciones ecologistas demandaron a Maroto que se pronuncie en contra de la financiación de la unión de estaciones de esquí y que inste al Gobierno de Aragón a paralizar este proyecto tan insostenible.

Al terminar la concentración, representantes de las organizaciones entregaron una carta por registro a Reyes Maroto con la que demandan la paralización de financiación del proyecto.