Estas organizaciones informaron de que la norma que se adopte determinará la política de gestión de residuos en todas las comunidades autónomas "durante, al menos, la próxima década".

En su opinión, esta ley "debe hacer posible una reducción significativa en la cantidad de residuos que termina en los vertederos o que se incineran", lo que supone "un despilfarro de recursos y contribuye al cambio climático y a la emisión de gases y lixiviados tóxicos".

Estas organizaciones creen que, "para ser eficaz", el texto "deberá contemplar objetivos más ambiciosos que los que recoge la normativa europea".

La aplicación de planes de prevención de residuos, el establecimiento de objetivos y la recogida selectiva obligatoria de la materia orgánica "para poder elaborar un compost de calidad que pueda ser utilizado en la mejora de los suelos" son algunas de sus propuestas.