Esta organización recordó cómo hace ya cinco años la balsa de la minas de Aznalcóllar, propiedad de la empresa Boliden-Apirsa, vertió millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar, afectando a los Parques Natural y Nacional de Doñana, y al estuario del Guadalquivir. Desde entonces, denunció, "nadie dimitió, ni nadie ha sido procesado".

En opinión de esta ONG, "es evidente" que los tribunales no han cumplido con el deber de tutelar el bien jurídico protegido, cual es el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y a la salud pública. "L impunidad en nuestro país ante una catástrofe ecológica de esta envergadura va a ser total", advirtió.

Para Ecologistas en Acción, lo "inconcebible e inaceptable" del caso es que, con estos precedentes tan cercanos, se esté avalando, tanto desde la Junta de Andalucía (declaración de impacto ambiental positiva), como desde el Gobierno central (anuncio de subvenciones), un nuevo proyecto minero de similares características, pero aún de mayores dimensiones, como es "Cobre Las Cruces" en la localidad sevllana de Gerena, explotación que puede convertirse en otra bomba de relojería que, de abrirse, amenazará al acuífero Niebla-Posadas, a la Ribera de Huelva y, por ende, al mismo Guadalquivir, advirtió.