La citada directiva considera el lince ibérico como una especie prioritaria, por lo que requiere la rápida puesta en mrcha de medidas tendentes a su conservación. Esta especie goza de la máxima protección posible dentro de la Unión Europea, lo que impide su captura para cualquier fin y el deterioro de sus hábitats.

Ecologistas en Acción recuerda que la directiva exige a los Estados miembros una actuación positiva y activa en el mantenimiento e incluso restablecimiento de estas poblaciones, no la simple puesta en marcha de medidas pasivas de protección.

Sin embargo, según denuncia la organización, "pese a que dica directiva fue aprobada en mayo de 1992 y traspuesta al ordenamiento jurídico español en diciembre de 1995, el Estado español no ha adoptado todavía las medidas oportunas encaminadas a la conservación del lince". Además, critica que las comunidades autónomas no han aprobado planes de recuperación, lo que "demuestra el desinterés claro de las administraciones regionales en evitar la extinción del lince".

Igualmente, los ecologistas recuerdan que en febrero de 1999 se aprobó la Estrategia Nacional parala Conservación del Lince Ibérico, "pero después de más de dos años dicha estrategia prácticamente no se ha desarrollado, debido a la falta de interés de la Administración central".

Ecologistas en Acción asegura que, por el contrario, las administraciones están adoptando medidas que contribuyen a la destrucción de esta especie, como la potenciación del uso de cepos, lazos y vallados cinegéticos, la destrucción de sus hábitats, la reducción de las poblaciones de conejos, la construcción de nuevas carreeras y embalses, etc.

La organización calcula que en la actualidad la población de linces no supera los 400 ejemplares, repartidos en numerosas zonas dispersas, lo que pone en peligro su supervivencia. Los ecologistas opinan que el Estado español ha incurrido en una peligrosa dejación de funciones.