La organzación ecologista ha elaborado un documento en el que detalla algunas de las sanciones impuestas a miembros de esta y otras asociaciones, que en algunos casos han implicado el encarcelamiento.

Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, declaró a Servimedia que "el análisis de estos casos nos induce a pensar que existe un doble rasero por parte de muchos jueces que revelan una escasa sensibilidad ambiental".

Oberhuber destacó que "todas las acciones que realizamos son pacíficas, en ningún aso se emplea la violencia y tienen como único objetivo denunciar actuaciones que a menudo incumplen leyes nacionales o autonómicas".

ACCIONES

El estudio de Ecologistas en Acción aborda medio centenar de sentencias dictadas contra conservacionistas desde 1987. En el 45 por ciento de los casos porque se estaban manfiestando o movilizando, en el 21 por ciento por encadenamientos a edificios o maquinaria, en el 13 por ciento por paralizar obras u otras actividades y en porcentajes menores por encaramare a edificios o impedir la entrada de personas o máquinas.

Respecto a la calificación jurídica que se otorgó a estos hechos, en el 45 por ciento de los casos analizados se tipificaron como daños contra la propiedad privada, en el 21 por ciento como desobediencia a la autoridad, en un porcentaje similar como coacciones y, en menor medida, por desórdenes públicos.

En algunos casos, los ecologistas tuvieron que sufrir la privación de libertad, como los 13 conservacionistas cántabros que en 1992 se ecadenaron a unos camiones para impedir la construcción de una urbanización en una zona de alto valor ecológico. La jueza ordenó su ingreso en prisión durante tres días "para poner un poco de orden y meterles miedo".

Según Oberhuber, "setencias de este tipo tienen un carácter disuasorio, ya que en muchos casos las organizaciones ecologistas no tienen medios suficientes para hacer frente a denuncias y actuaciones de este tipo".

En este sentido, recuerda que a un ecologista de Huelva que fue procesao y posteriormente absuelto se le embargaron los bienes por no depositar una fianza de dos millones de pesetas.

El documento resalta que este tipo de actuaciones judiciales contrastan con las acciones que se emprenden contra las empresas que contaminan y cita como ejemplo a Boliden Apirsa, compañía propietaria de la mina de Aznalcóllar, que no se le puso fianza alguna tras provocar la contaminación del entorno de Doñana.

Asimismo, hace referencia a los dos activistas de Greenpeace que descolgaronuna pancarta durante la inauguración de la reunión que el Banco Mundial celebró en Madrid, que fueron desterrados por un periodo de tres años.

Además, los ecologistas lamentan que en la mayoría de los casos se les condena a pagar a la empresa contra la que protestan por daños y perjuicios.

Sin embargo, no todas las sentencias son negativas para los ecologistas, ya que el documento recuerda que en relación con la paralización de una obra ilegal los jueces dictaminaron que la actuación de los consevacionistas "carece de relevancia penal, pues con su presencia física obligaron a paralizar unos trabajos que en la resolución se calificó de ilegales. Siendo la ilegalidad la que priva de relevancia penal a la conducta de los denunciados que velaban porque se cumpliera la ley".