Por esta razón, la organización sumará hoy 5.000 firmas a las 35.000 entregadas el pasado jueves en el Parlamento autonómico para apoyar una iniciativa de ley que endurezca la moratoria turística del año 2000.

Antonio Hernández, portavoz de la organización, sentenció que es una "falacia" y una "falta de respeto" que el consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, diga que demoler los hoteles supondrá un coste medioambiental mayor que si se dejaran en pie.

Hernández aduce que el consejero mantiene esta postura porque "no quiere entrar en bronca con los empresarios".

Ecologistas en Acción considera que, para ser demolidos, habrá que esperar a una sentencia firme del Tribunal Supremo, y que, de cualquier forma, no existe "voluntad política" para ejecutar las decisiones de los jueces en materia urbanística.

Y añadió que, en caso de ser demolidos estos complejos turísticos declarados ilegales, si los empresarios solicitaran y recibieran indemnizaciones, entonces deberían devolver el dinero de las subvenciones para el turismo que cobraron en su día.

El portavoz de la organización ecologista achacó a esas subvenciones la razón de por qué "hay tantas licencias y se lava tanto dinero". Y sentenció que "en Canarias el negocio estaba más en especular que en gestionar el establecimiento turístico".