El primer Premio Atila 2022 ha sido para los máximos responsables del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como 'Ley Ómnibus'.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que esta nueva ley, presentada en el parlamento madrileño modificó más de una treintena de textos normativos, entre ellas, la práctica totalidad de la normativa ambiental y urbanística.

La ONG conservacionista considera que el objetivo final de la norma es que propietarios de grandes fincas rústicas puedan eliminar la vegetación “molesta” para poder construir “mansioncitas” y macrocomplejos turísticos al estilo de la fallida Eurovegas.

El 'Premio Caballo de Atila' ha sido para la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, “por ignorar las denuncias sobre el mal funcionamiento del macrovertedero de Pinto-Getafe y por pretender la construcción de seis nuevas macroplantas en Pinto”.

La ONG sostiene que “este proceso fue iniciado de espaldas a la ciudadanía, sin llevarlo a votación y con la oposición de sus vicepresidentes. El pasado mes de marzo más de 7.000 personas de todas las localidades del sur de Madrid afectadas por el vertedero, se manifestaron contra este proyecto”.

Además, este año el premio es conjunto ya que la minera Tolsa S.A. comparte este galardón “por su constante campaña para impedir la protección y conservación de las Lagunas de Ambroz y su entorno, en el distrito de San Blas-Canillejas, en el municipio de Madrid”, afirma la organización ecologista.

Con estos premios pretende distinguir y denunciar a todas aquellas personas y entidades que hayan destacado “por su contribución a la destrucción del medio ambiente”.