Con esta rebaja, Hacienda pretende reducir la carga tributaria sobre la actividad económica y que el anticipo del pago de impuestos se ajuste, en la mayor medida posible, a la tributación final.

Este real decreto se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, en su sentencia del 22 de enero de 2000, consideró "adecuado y proporcionado" un tipo como el que ahora se establece.