La diputada de EA Begoña Lasagabaster explica en el escrito, al que tuvo acceso Servimedia, que solicita esa transferencia en cumplimiento de los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía.

Recuerda la diputada que el primero de esos artículos establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en "la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

El segundo de esos artículos confirma que corresponde a la comunidad autónoma "la legislación penitenciaria" y, además, otros preceptos reconocen competencias ya transferidas que afectan "tangencialmente pero de manera muy relevante" a personas sujetas a ejecución penitenciaria.

La diputada denuncia que la etapa de gobierno del PP supuso la paralización de todo diálogo sobre esta transferencia.

Sin embargo, añade, en esta legislatura el Ministerio de Justicia y la directora general de Instituciones Penitenciarias han dejado claro que no se prevé acometer la transferencia, incurriendo con ello "en un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Begoña Lasagabaster explica que no pide esta transferencia sólo para cumplir el ordenamiento jurídico, sino para disponer de los instrumentos necesarios para emprender una política penitenciaria "humanitaria, renovada, dinámica y flexible".

Considera que la situación de los centros situados en el País Vasco, especialmente Nanclares de Oca (Alava) y Martutene (San Sebastián), hace difícil cumplir los objetivos de la actual legislación.

Se trata de centros con un "gravísimo deterioro" en sus instalaciones, como se refleja en la "dramática realidad" de las muertes por causas no naturales registradas cada año.

"Estas circunstancias impiden la finalidad reinsertora de la política penitenciaria y que ésta respete y promueva escrupulosamente los derechos y la dignidad de todas las personas presas", concluye.