El mencionado decreto determina, entre otros asuntos, el proceso de euskaldunización de los funcionarios, así como las condiciones de trabajo, etcétera.

A juicio de la senadora de EA, Inmaculada Boneta, la oposición del departamento que dirige Margarita Mariscal de Gante al decreto supone "una nueva agresión, que produce, además, efectos perversos, como la congelación de los salarios de cerca de 2.000 trabajadores, y un gran perjicio en el proceso de euskaldunización de la justicia vasca".