Agregaron que, con la reciente conclusión de su sistema de recuperación de gases nocivos, l firma, dedicada a la fabricación de ácido oxálico, se convierte en una de las primeras de España que lleva adelante una iniciativa semejante, para lo que ha recurrido a una subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de su Plan Industrial y Tecnológico.

Aunque el reciclaje de gases cumple con los principales intereses ecológicos, el motivo fundamental pasa por economizar la factoría y rentabilizarla, según manifestó su director técnico, José Luis Cediles, a Servimedia.

Fuetes del ministerio consideraron, por su parte, que con ese sistema, la factoría reutiliza los gases necesarios para la fabricación del ácido y evita el gasto de "una gran cantidad de dinero", que se destinaría en adquirirlos.

Los mismos portavoces oficiales explicaron que para cumplir con la normativa comunitaria en materia medioambiental, las empresas españolas van a tener que realizar una inversión de un billón de pesetas.

SUSTANCIA VENENOSA

El ácido oxálico es una sustancia sólida venenosa uilizada para la producción de antibióticos, en procesos metalúrgicos y en tratamientos de aluminio. De la producción total, Oxaquim dedica el 90% a la exportación.

Esta empresa comenzó a funcionar el pasado verano, pese a las protestas de vecinos de Caspe y Alcañiz, además de las de grupos ecologistas aragoneses y de ámbito nacional.

La base de aquellas reticencias eran las emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno que salían de sus chimeneas y la cantidad de agua utilizada en la factoría. Asmismo, los caspolinos denunciaron vertidos contaminantes al río Guadalope.

Oxaquim inició su producción "con dos años de retraso", según José Luis Cediles, a causa de las críticas de esos grupos y de un informe que difundió un particular, que consiguieron la adopción de medidas anticontaminantes y la instalación de medidores de gases en localidades cercanas.

La dirección de la factoría química, que negó siempre tales extremos, hablaba entonces de "un funcionariado medio en la Diputación General d Aragón (DGA) que manipula la información con fines oscuros" y que habría provocado a la empresa 250 millones de pesetas de pérdidas.

La planta se instaló en Alcañiz con subvenciones de la Administración autónoma y gracias a las facilidades ofrecidas por el Polígono Industrial de Alcañiz.