Los socialistas han propuesto como temas de análisis las causas y efectos del fraude fiscal, la economía "sumergida", y el fraude en los ingresos y prestaciones de la Seguridad Social, así como en las prestaciones por desempleo.

Por lo que se refiere a las comparecencias, el PSOE ha reclamado la presencia en el Congreso de Manuel Bravo, director del informe elaborado por la Unidad Especial para la Prevención y Correción del Fraude; Enrique Martínez obles, secretario de Estado de Hacienda; Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, y Marcos Peña, secretario general de Empleo.

La coordinadora socialista en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Mercedes Aroz, afirmó hoy, en rueda de prensa, que las últimas estimaciones sobre la cuantía del fraude fiscal, que se eleva a unos 3 billones de pesetas (el 5% del PIB), han creado una alarma social que requiere la puesta en marcha de mecanismos válidos para combatir y prevenir elfraude.

En este sentido, explicó que el Grupo Socialista ha considerado oportuno promover un debate y una reflexión colectiva en la sociedad española, en el que el Parlamento actúe como cámara de resonancia, con el fin de lograr un consenso político entre todas las fuerzas que posibilite la aplicación de medidas eficaces contra esta lacra social.

FRAUDE ESTRUCTURAL

Aroz destacó que la gran mayoría de los ciudadanos españoles cumplen con sus obligaciones tributarias, aunque subrayó que existe un"gran fraude estructural" ligado al IVA y a determinadas actividades empresariales y profesionales.

A pesar de que no quiso adelantar ninguna iniciativa concreta de su grupo, la parlamentaria socialista dijo que la estrategia debe centrarse en tres ejes fundamentales: separar claramente a los ciudadanos cumplidores y a los defraudadores, atacar con firmeza las grandes bolsas de fraude y trabajar en el ámbito educativo para lograr una mayor concienciación social sobre este problema.

Por su parte, l diputado socialista Justo Zambrana, ex secretario de Estado para la Administración Pública, también presente en la conferencia informativa, puso de relieve que la lucha contra el fraude no sólo compete al Gobierno sino al conjunto de la sociedad.

Sobre este punto, insistió en que el fraude es apreciable igualmente en la esfera del gasto público por parte de aquellas personas que reciben prestaciones por desempleo o por incapacidades laborales transitorias sin tener derecho a ellas.