En su escrito a Felipe González, el presidente de COCEMFE, Daniel González, le pide una entrevista y denuncia un cambio sustancial en las líneas de actuación del Ministerio de Asuntos Sociales respecto a las personasafectadas por minusvalía.

En la carta, remitida el pasado día 9, el responsable de la organización asegura al presidente del Gobierno que el cambio de política coincide con el fin del plazo de desarrollo de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y la asimilación de los programas europeos de asistencia social y de subvención de grandes proyectos transnacionales.

En opinión de COCEMFE, existen indicios claros de falta de interés por los problemas de este colectivo, como el estancamieno, desde hace cinco años, en la concesión de créditos del Inserso para ayudas individuales, la reducción de los fondos destinados al mantenimiento de la organizaciones no gubernamentales o la modificación de la legislación en materia de empleo protegido.

El presidente de la organización recuerda a Felipe González algunas acciones de su Ejecutivo que están en contra de la política de integración, entre las que destaca el informe de una comisión de expertos del Ministerio de Trabajo, que recomendó hace arios meses la supresión de determinados incentivos para la contratación, como el de minusvalía.

INCUMPLIMIENTO DE LA RESERVA

Fuentes de la confederación aseguraron a Servimedia que en la actualidad ni la empresa pública ni la privada cumplen la reserva del 2 por ciento para la contratación de minusválidos, pese a estar establecida en la LISMI, "y sólo los Centros Especiales de Empleo han ofrecido un puesto de trabajo en los últimos años a las personas que componen este colectivo".

Según la cara remitida a La Moncloa, la Ley de Pensiones no Contributivas, "que es un avance social para determinados colectivos, ha introducido un retroceso importante para la independencia conseguida para los minusválidos en la LISMI, que viene marcado por el concepto de 'unidad de convivencia' recogido en la nueva ley".

El máximo responsable de la confederación dice al presidente del Gobierno que todas estas medidas pueden dar al traste con el movimiento asociativo y representativo, "conseguido gracias al esfurzo del colectivo y de la propia Administración Pública".

Por su parte, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ya indicó el pasado día 14 en el Congreso de los Diputados que el Gobierno diseñará en 1992 un plan de acción para solucionar los principales problemas que afectan a los colectivos integrados por personas discapacitadas.