"Si hay la necesidad de reducir el déficit público, mucho me temo que quien más se resienta sean los gastos sociales", señaló el responsable de la institución de los ciegos, que participó en una reunión informativa sobre la Comisión de Derechos Socialesde la Unión Europea de Ciegos (UEC), de la que es presidente.

Miguel Durán explicó que la labor de la mencionada comisión es analizar el trato y grado de protección que los distintos estados europeos otorgan a las personas discapacitadas, para poner en relación unas legislaciones con otras y aprender "lo mejor de cada país".

El director general de la ONCE estuvo acompañado de los demás miembros de la comisión: el presidente de la Federación Rusa de Ciegos, Alexandre Neumyvaki; el representante dela Federación francesa, Marcel Herb, y el de la Unión Italiana de Ciegos, Vito Romagno.

Todos ellos trabajan para que las autoridades de los países europeos realicen "discriminaciones positivas" que permitan a los minusválidos en general y a los ciegos en particular, suplir sus discapacidades.

La educación, la formación profesional, el ocio, la cultura o unos ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida, son algunos de los ámbitos sobre los que los poderes públicos deben desarrollar esos erechos sociales, según la UEC.

REIVINDICACIONES

Una vez recopilada toda la información necesaria, la Comisión de Derechos Sociales elaborará un informe con las reivindicaciones que los ciegos y personas discapacitadas de Europa elevarán a las distintas administraciones, según explicó Miguel Durán.

El director general de la ONCE señaló como una de las principales cuestiones pendientes en España la "revisión profunda" de la Ley de Integración Social del Minusválido, de la que aseguró que ni la Aministración cumple en ocasiones la disposición de reservar un 2 por ciento de los puestos de trabajo para las personas discapacitadas.

Además, Miguel Durán echó en falta "una potenciación seria de todas las estructuras gubernamentales en materia social".

Más adelante, opinó que tanto el Ministerio de Asuntos Sociales como las consejerías de Bienestar Social de las comunidades autónomas, "habrían de tener más recursos y habrían de destinarlos no sólo a dar subvenciones, sino también y de manera eencial, a contribuir para que los propios colectivos afectados (minusválidos, tercera edad, mujeres, drogodependientes, etc.) los administren, con la lógica obligación de rendir cuentas ante la Administración pública".

"Yo creo que hay mucho por hacer", añadió, "pero tendrán que ser los representantes del pueblo y los gobernantes quienes, escuchando a la sociedad civil, se decidan a ser mucho más efectivos".

"Ojalá que en nuestro país deje de hablarse pronto de corrupción y de tantas otras cosasnos dediquemos a construir un verdadero tejido social que dé respuesta a las necesidades de la gente", concluyó el director general de la ONCE.