"Para aumentar el parque de alquileres es necesaria otra política de viviendas, tales como medidas fiscales, ya que ahora la fiscalidad favorece mucho al propietario y poco al inquilino; no tiene sentido que el que no puede acceder a la propiedad de u vivienda, encima vea que el que la está comprando tenga desgravaciones fiscales", dijo Durán en declaraciones a Servimedia.

Durán aseguró que "la LAU da soluciones bastante equilibradas", tanto para inquilinos como para los propietarios de renta antigua, ya que a su juicio el "decreto Boyer" no solucionó estos aspectos: "ni ha aumentado el parque de viviendas en alquiler ni ha abaratado los contratos".

Sin embargo, estimó "necesarias" otras medidas para conseguir cambiar la tendencia de los últmos años. Entre ellas, además de la mencionada, el fomento de los fondos de inversión inmobiliaria, así como de empresas que se dediquen a la explotación de viviendas en régimen de alquiler.

Durán reconoció que las recomendaciones del CES sobre el proyecto de LAU remitido por el Gobierno abundan en la defensa a los inquilinos, frente a la situación actual de privilegio de los propietarios. "La reforma de la LAU trata de limar el exceso de protección del arrendatario, entonces es lógico que las recomenaciones del Consejo vayan a limitar esas restricciones de derecho para conseguir un equilibrio superior", indicó.

El presidente del organismo consultivo explicó que la propuesta del Consejo de que los contratos de arrendamiento de vivienda se amplíen a seis años, frente a los cuatro del proyecto gubernamental, es fruto del consenso entre "posturas enfrentadas" dentro del Consejo: "la idea ha sido establecer una estabilidad del vínculo arrendaticio para que una persona se pueda plantear tener una vivieda arrendada frente a la opción de compra. Seis años es una duración usual en otros ordenamientos europeos".

Asimismo, dijo que la recomendación de que la revisión de la renta de alquilerse realice respecto a la inflación prevista tiene por objeto adaptar la norma a lo que se intenta realizar en otros terrenos, como la ya adoptada revisión de las pensiones, o la propuesta de revisión de los salarios con el IPC previsto para todo el año.