Esta ponencia, que deberá concluir sus trabajos antes del 31 de marzo de 1999, recabará las propuestas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, la opinión de los servicios competentes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes económicos y sociales, las ONGs, y los expertos necesarios. Todas estas aportaciones serán después estudiadas por la comisión para su incorporación al nuevo PNSD, que deberá ser aprobado por el Gobierno.

Aunque todos los grupos coinciden en elogiar la labor de este plan desde que fue aprobado, en 1985, consideran que en estos años se han producido cambios que deben ser afrontados por los poderes públicos.

Así, en la motivación de la proposición, los socialistas destacan la variación de los hábitos de consumo, que han pasado de la prominencia de la heoína a la de la cocaína, el alcohol, y la "repentina explosión" de las drogas de diseño y los preparados anfetamínicos.

Además, el traspaso de determinadas competencias a las comunidades autónomas debe traducirse, a juicio del Grupo Socialista, en una apertura de los cauces de colaboración entre las distintas administraciones para que el PNSD cumpla su función como referente institucional de una política integral para este problema.

Junto a los problemas de coordinación entre las distintas adminitraciones y los diferentes programas de asistencia, los socialistas subrayan la ausencia de medidas que requiere la aplicación del Código Penal a los drogodependientes que delinquen o para impedir que el blanqueo de dinero "vaya por delante" de la lucha contra el fraude.