El pasado martes, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNS), Gonzalo Robles, compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y denunció que la mayoría de las familias realojadas en "La Rosilla" habían vendido o realquilado sus viviendas, por las que pagan 15.000 pesetas al mes, por dos millones de pesetas al mes para uso de narcotraficantes.

Robles precisó además que los vecinos de "La Rosilla" habían "pervertido" el uso original de esas viviendas de relojo, convirtiéndolas en auténticos dispensarios utilizados por narcos que obtienen pingües beneficios, cifrados en torno a los 40 millones de pesetas al mes por familia, o lo que es lo mismo, entre 400 y 500 millones de pesetas al año.

El máximo responsable del Gobierno en materia de drogas apuntó directamente al poblado creado por el Consorcio de Realojo de Población Marginada de Madrid como el mayor centro de distribución de heroína de la región, en el que los "camellos" hacen "su agosto", pervirtindo la idea de reinserción de población marginal para el que se creó.

Según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, el titular de esta institución, Pedro Nuñez Morgades, está a la espera de los resultados de la investigación policial para instar la adopción de medidas por parte de la Administración.