Mas, que inauguró en Alicante el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, dijo que la ley valenciana de drogodependencias supuso el reconocimiento expreso del derecho a la salud de los toxicómanos.

La consejera añadió que esa ley "configura la adicción a la droga como lo que es, una enfermedad común, con repercusiones en la esfera familiar y social".

Comentó que para hacer efectivo este reconocimiento, en 1998 se crearon las Unidaes de Conductas Adictivas (UCAs) como unidades de apoyo a la atención primaria de salud, plenamente integradas en el sistema sanitario público.

"Así", agregó, "la asistencia sanitaria a las personas drogodependientes es una prestación más al sistema sanitario público de carácter universal y gratuita".

A su juicio, el alcance del fenómeno de las drogodependencias requiere "un compromiso adicional del conjunto de administraciones públicas y de la iniciativa social en la búsqueda conjunta de solucioes, y que éstas surjan del rigor que aporta la reflexión académica y científica".

Desde la Consejería de Bienestar Social, precisó, "impulsamos un modelo de gestión coordinado de manera que las políticas sectoriales públicas de sanidad, educación y empleo tengan un mejor aprovechamiento y cumplan con las exigencias multidisciplinares que precisa la atención al complejo problema de las drogodependencias".

La responsable de Bienestar Social destacó, entre los resultados del primer año de funcionaminto de las UCAs, un incremento próximo al 30% de nuevos casos atendidos en el pasado año. "Mientras que en 1997 se atendieron 6.971 nuevos casos, en 1998, se registraron cerca de 9.000 demandas de tratamiento".

Asimismo, señaló señalado que el Plan Autonómico Valenciano sobre Drogodependencias para el período 1999-2002, cuenta con una dotación financiera de 11.010 millones de pesetas".