Ese fondo se destinará a programas de prevención contra la droga, así como a asistencia e inserción social y laboral de los drogodependientes.

También se dedicará parte de los bienes decomisados a la adquisición por la policía de medios materiales necesarios para la represión del narcotráfico.

Periódicamente, el Gobierno deberá enviar a las Cortes un informe sobre la actividad del fondo, que estará sometido además al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.

El poyecto de ley pasa ahora al Senado y después regresará al pleno del Congreso para su ratificación definitiva.