Con la reforma de la ley se pretende hacer posible la concesión de una identidad supuesta a funcionarios policiales, que podrá mantenerse durante el proceso judicial posterior para garantizar su propia protección.

Para ello, el Ministerio del Interior dotará a los agentes infiltrados de una identidad supuesta que será operativa durante un plazo de seis meses, prorrogables por iguales periodos.

Asimismo, en el texto de la proposición e ley se señala la dotación de los medios necesarios para que los 'agentes encubiertos' puedan realizar su labor, que estará siempre sometida al control judicial y fiscal.

En este sentido, será el juez el que apruebe en todos los casos que el agente infiltrado pueda desarrollar labores de carga, descarga o transporte de la mercancía declarada ilegal, así como la adquisición de la misma, siempre que ello redunde en beneficio de la investigación y posterior desarticulación de la organización delictiva. Por otra parte, la iniciativa parlamentaria propone completar la regulación de la llamada 'entrega vigilada', que hasta ahora sólo se refería exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para extenderla también a las investigaciones relacionadas con el blanqueo de bienes y capitales.