En una carta dirigida al presidente el PP, la plataforma destaca el incumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el PP de Cantabria en materia de subvenciones y convenios.

El escrito subraya que las subvenciones autonómicas de 1991 sólo han sido cubiertas en parte y aún quedan cerca de 120 millones de pesetas que se adeudan a casi una veintena de entidades "que el Gobierno regional no sólo no paga, sino que no reconoce la deuda que miembros de su partido firmaron cuando eran consejeros".

El Gobierno regional tampoco a pagado las becas de atención a minusválidos en centros especializados corresponientes a 1992.

Además, la convocatoria de subvenciones para cubrir programas de 1992 no se ha realizado y el Grupo Parlamentario Popular ha votado a favor de una reducción del 68 por ciento en las partidas de atención a organizaciones sociales de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, Cultura y Presidencia.

El Gobierno autonómico tampoco ha renovado los convenios firmados en 1991 con algunas de las entidades enunciantes.

Para las asociaciones, el panorama es "desolador" y aseguran que en el Partido Popular "sólo hemos encontrado incomprensión", ya que sus representantes en Cantabria siguen votando a favor de "los brutales recortes presupuestarios" del Gobierno de Juan Hormaechea.

Tras destacar que "necesitamos medios para seguir trabajando", los colectivos sociales se manifiestan indignados por las imputaciones que desde el Gobierno regional se hacen a la plataforma al afirmar que está manejada por dferentes partidos políticos, lo que consideran "un truco indigno para un partido como el suyo".

La plataforma, que ha recurrido al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo, pide a Aznar que les reciba personalmente el próximo día 26 y busque soluciones "para que su partido no se vea involucrado en un escándalo social con escasos precedentes en la democracia española".