Según informaron a Servimedia fuentes de Dragados, su intención actual es cumplir el contrato firmado para la construcción de la presa de Beni Haroun, pero estudia los pros y contras de esta posibilidad, que obligaría a desplazar al país árabe al menos 15 directivos españoles.

La empresa española había decidido antes del atentado comenzar las obras y así lo iba a comunicar al Gobierno argelino en la reunión prevista inicialmente para mañana martes, pero los responsables de ese tema en Dragados tenían previsto pedir un aplazamiento a dicho encuentro.

Dragados estudiará en los próximos días el coste de un probable rescisión a dicho contrato, por un valor de 20.000 millones de pesetas, si bien fuentes de la empresa reconocieron que le supondría "mucho dinero".

Los servicios jurídicos analizan la posibilidad de acogerse a circunstancias extraordinarias para esta rescisión, pero se encuentran con la dificultad de que el terrorismo no está recogido en las normativas interncionales como un motivo para ello.

La constructora ha recibido garantías por parte del Gobierno argelino para la construcción de la presa y ha ofrecido protección policial para todos los españoles desplazados. No obstante, Dragados impartiría previamente cursos de formación a trabajadores argelinos con las técnicas a utilizar.