Para hacer frente a los indencios, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó hoy en el Consejo de Ministros un informe sobre el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 29 de enero, cuyo objetivo es impulsar un conjunto de medidas destinadas a prevenir con mayor eficacia los incendios forestales.

Entre esas medidas destaca el refuerzo de la prevención activa, la optimización de los métodos y sistemas de extinción y su coordinación, el impulso de la participación de la sociedad y la mejora de la investigación de las causas y la persecución del delito.

Estos acuerdos son especialmente necesarios este año, ya que los datos de incendios de los dos primeros meses de 2005 indican que se han producido 1.460 incendios y 2.485 conatos (menos de una hectárea) frente a los 1.081 y 1.511, respectivamente, del año 2004.

La superficie forestal quemada también ha aumentado y hasta el mes de febrero han sido afectadas 11.716 hectáreas, de las cuales 1.770 corresponden a superficie arbolada. El pasado año, también en el mes de febrero, la superficie quemada ascendió a 6.591 hectáreas y la arbolada a 651 hectáreas.

El acuerdo sobre incendios incluye las sugerencias presentadas por las comunidades autónomas y, en particular, el compromiso del Gobierno y de las administraciones autonómicas para mejorar la legislación con objeto de evitar que la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incentive los incendios.

Para lograr este objetivo el Gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Montes para que quede prohibido el cambio de uso de los terrenos forestales objeto de incendio, como mínimo durante treinta años. La modificación de la Ley de Montes también incluirá otras medidas, como la creación de una Fiscalía contra los delitos ecológicos de ámbito nacional que coordine y apoye a todas las fiscalías especializadas.

Según el documento aprobado, los incendios forestales provocan, año tras año, alarma social, ponen en peligro vidas humanas y bienes sociales y causan daños ambientales y perjuicios económicos.

Por este motivo, explica el Ministerio de Medio Ambiente, las administraciones deben colaborar en el desarrollo de acciones para prevenir y mitigar los efectos de los incendios. Además es necesario adoptar medidas que impidan la impunidad con que actúan los incendiarios.