Mariano Gadea, uno de los inversores citado como testigo en la vista que se sigue en la Audiencia de Barcelona, dijo que él y su mujer compraron los títulos que les ofrecía BFP con los ahorros para su jubilación porque confiaban en la solidez de Fincas Forcadell, la inmobiliaria de uno de los socios de BFP.

Por su parte, Juan Grases, otro testigo que asumió temporalmente las reclamaciones de varios inversores antes de que estallara el caso, señaló que se reunió en dosocasiones con el consejero delegado de BFP, Joan Basols, y con el ex consejero y ex director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Jordi Planasdemunt, en noviembre de 1991 y marzo de 1992.

Grases afirmó que Planasdemunt estaba "al tanto del tema de los pagarés" en el primer encuentro y que fue entonces cuando "se dieron cuenta de que se les escapaba de las manos".

Por su parte, Belén García Comas, empleada de BFP, explicó ante el tribunal que el consejero de Economía de la Generalitat, Macià Aavedra, realizó al menos dos llamadas a la sede de la sociedad, antes y después de que saliera a la luz pública el escándalo, tiempo en el que Planasdemunt ocupaba el cargo de director del ICF.

Los acusados se enfrentan a penas que suman 106 años de cárcel por un delito de estafa al defraudar unos 3.000 millones de pesetas mediante la colocación de pagarés garantizados por facturas falsas.