Estas dos personas fueron detenidas a raiz de la operación hispano-francesa llevada a cabo esta semana contra el aparato de extorsión de ETA y que se ha saldado con un total de 13 arrestados (5 en España y 7 en Francia).

Precisamente en relación a esta trama el magistrado ha citado para este martes, 27 de junio, en calidad de imputado por un presunto delito de colaboración con organización terrorista a Gorka Aguirre, miembro de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y jefe de relaciones externas de esta formación.

Según publicó el periódico El País esta semana, los integrantes de la trama se pusieron en contacto con Aguirre para comunicarle el cese del envío de cartas de extorsión.

También el martes, Fernando Grande-Marlaska tomará declaración, pero en calidad de testigo, a Xavier Arzalluz, ex presidente del PNV.

La citación de Aguirre y de Arzalluz se conoció al filo de la medianoche, un par de horas después de que el juez Grande-Marlaska hubiera decretado prisión incondicional por presuntos delitos de colaboración e integración en organización terrorista para Ramón Sagarzazu Olazaguirre, alias "Xempelar", y Joseba Imanol Elosúa Urbieta, dos de los cinco detenidos en España en la citada operación, según informaron fuentes jurídicas.

No obstante, Sagarzazu deberá comparecer de nuevo este jueves, 29 de junio, ya que ayer se negó a declarar ante el juez y pidió designar para su defensa un abogado de su confianza.

Además, Grande-Marlaska decretó la libertad sin fianza pero con comparecencias semanales ante el juzgado más próximo a su domicilio para Ignacio Aristizábal Iriarte.

El jueves y el viernes por la noche, el magistrado ordenó el ingreso en prisión incondicional de Jean Pierre Harocarena Camio, alias "Txampiñon", y de José Carmelo Luquín, por presunta integración en organización terrorista.

OPERACIÓN CONJUNTA

La operación contra el aparato de extorsión de ETA ha sido desarrollada conjuntamente por Grande-Marlaska y por la juez francesa Laurence Levert.

Los detenidos en Francia son Ángel Iturbe Abásolo, supuesto responsable de la red, así como José Luis Cau Aldanur, Julen Kerman de Madariaga y Aguirre, María Cristina Larrañaga Arando, Eloy Uriarte Díaz Guereñu, María Izaskun Ganchegui Arruti y José Ramón Badiola Zabaleta.

Estas detenciones se enmarcan dentro de las diligencias previas 86/98, declaradas secretas, que fueron iniciadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

En el marco de estas diligencias, Garzón investigó en el año 2004 el supuesto pago del impuesto revolucionario por parte de la empresa navarra Azkoyen y algunos de cuyos responsbles, según el magistrado, pudieron incurrir en un presunto delito de allegamiento de fondos a ETA.

Por este caso, también interrogó en aquella época a Alfonso Martínez Lizarduy, profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, como supuesto mediador en el pago a ETA por parte de la citada empresa en el año 2001.

Según la investigación de Garzón, en septiembre de 2001 se intervino una comunicación interna de ETA dirigida a Otsagi (según la policía es el ex responsable militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi), encargado del cobro y gestión del denominado "impuesto revolucionario". En dicha misiva la banda terrorista dice que "la deuda que tenía" Azkoyen con ella está "liquidada".

El citado documento estaba firmado por "Gezi" o aparato de administración económica de ETA, según consta en varios autos dictados por Garzón entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2004.