Según la acusación, tras obtenr el permiso del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) y de la Comisión Provincial de Actividades Molestas, Inquinosa realizó diversos vertidos en un barranco de la localidad a partir de 1984.

Al cumplirse un año, los técnicos de la Confederación Hidrográfica descubrieron que el sistema de depuración era insuficiente para eliminar los tóxicos del agua que la empresa estaba vertiendo al río Gállego. Por este motivo, se prohibió a Inquinosa la producción del pesticida.

El fiscal asegura que tras la pralización, Inquinosa dejó de depurar también los vertidos que realizaba al barranco de Bailín y que, a pesar de las advertencias de todas las instituciones, abandonó los vertidos y dejó que se filtraran al río unos 4 a 7 metros cúbicos de residuos al día.

Los directivos aseguraron en la defensa realizada en las diligencias previas que su empresa dejó de ser responsable de los vertidos el 3 de abril de 1991, cuando el Gobierno de Aragón les prohibió continuar con su actividad. Aseguraron que el vertedro es de propiedad municipal y, por lo tanto, los residuos son responsabilidad del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

En cambio, el fiscal asegura que el titular de los residuos es Inquinosa en su calidad de productor de los mismos, en tanto no se transfiera a un gestor autorizado, condición que no cumple legalmente el Ayuntamiento de Sabiñánigo.