Según la Policía, se tiene constancia de que, al menos, cinco jóvenes eran víctimas de los arrestados. Otra persona más está imputada por estos hechos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una joven que había sido víctima de los arrestados durante aproximadamente un año y medio.

Esta joven fue captada en Rumanía por otra mujer, también miembro de la organización, quien le ofreció un trabajo en España, en concreto en el sector agrícola. Le aseguraba una mejora en sus condiciones de vida, por lo que aceptó el ofrecimiento, ya que además se encontraba embarazada.

Sin embargo, una vez en España fue trasladada a la localidad de Écija y sometida al control de un hombre y una mujer, quienes le quitaron el dinero que llevaba y su documentación. Además le informaron que el trabajo que iba a realizar era ejercer la prostitución para ellos en la vía pública y no en el campo como le habían prometido.

A partir de ese día fue retenida en un domicilio de Écija, vigilada en todo momento y sin permitirle salir a la calle más que para ejercer la prostitución, siempre bajo el estrecho control de un miembro del grupo.

La joven logró contactar con dos personas que paseaban por la zona donde era explotada, a las que contó la situación en que se encontraba. Gracias a la ayuda que le facilitaron logró huir de la red que la retenía y trasladarse a Madrid, donde denunció lo sucedido.