Las presuntas irregularidades estaban referidas a los expedientes del año 93 para reposición del sistema de seguridad y control de accesos a San Caetano (sede de la administración autonómica), instalación de sistemas de seguridad en el Palacio de Raxoi (sed de la presidencia de la Xunta) y adquisición de un vehículo aerodeslizante para la Secretaría de Seguridad. Las empresas Tepesa, Aeromar y Explo Control eran las encargadas de estos suministros.

Los altos cargos de la Xunta entregaron hoy certificaciones del subdirector general del Tesoro de la Consejería de Economía, del interventor delegado de la Consejería de Justicia y del secretario general de este mismo departamento que dan fe de que ninguno de los expedientes, por importes de 32, 49 y 5,6 millnes de pesetas -respectivamente- ha pasado de la fase de reconocimiento de obligaciones y por tanto ninguno de ellos fue pagado, en contra de lo asegurado por el portavoz socialista.

El interventor general de la Xunta, Juan José Novoa, se ocupó de explicar la correcta lectura de los estadillos de ejecución presupuestario en los que se basó el portavoz socialista para hacer sus acusaciones, mediante una interpretación a juicio de la Xunta totalmente errónea.

Según el consejero de Justicia e Interir, Juan Miguel Diz Guedes, el portavoz socialista "actúa de mala fe o miente", y apuntó que si las certificaciones entregadas hoy a la prensa no fueran verdaderas la Xunta estaría incurriendo en falsedad de documento público. Diz Guedes estimó que las denuncias de Cortizo suponen "una metedura de pata" de difícil justificación y ponen de relieve su incapacidad para ser portavoz de su grupo.

A juicio del consejero de la Presidencia, Dosieto Rodríguez, las afirmaciones son una mentira en la que ve ánimodoloso y manifestó su profundo "desprecio por la utilización de la mentira con intención de manchar la imagen de las instituciones". Los estadillos de la Consejería de Economía son a su juicio claros para un profesional y estimó que "o es irresponsable o ha tratado utilizar a la prensa engañándola deliberadamente".

Dositeo Rodríguez se negó a reconocer como ilegales sendas certificaciones firmadas en noviembre del año pasado por el entonces secretario general de Seguridad, afirmando que los suministro para las instalaciones de seguridad de dos de los polémicos expedientes se habían recibido, "estando pendiente en este momento el acto de la recepción formal y definitiva".

Un año después, el suministro y obras del expediente por importe de 49 millones están concluidos y la Xunta podría recibir y pagar en cualquier momento. En el caso del expediente de 32 millones, se están realizando las instalaciones. Dositeo Rodríguez consideró irregular la emisión de la certificación extendida hace un año por Juso Alvarino, secretario general de Seguridad cesado hace meses, pero en ningún momento aceptó que sea un documento ilegal, como parece desprenderse del artículo 76 la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

El consejero Dositeo Rodríguez sí acabo por admitir que "no era cierto" el contenido de la mencionada certificación, y estimó que el objetivo de Justo Alvariño era evitar que los créditos fuesen anulados y quedasen intactos para el ejercicio siguiente. También insistió en que el portaoz socialista acusada de realización de pagos indebidos, "y eso es una mentira absoluta y consciente, y eso es grave".

Dositeo Rodríguez dijo que el grupo popular no avalará la creación de comisiones de investigación para rebatir mentiras. También dijo que la Xunta no iniciará acciones judiciales, por entender que su condición de parlamentario le ampararía. En cambio, aseguró que sí habría acciones judiciales si Miguel Cortizo no fuera diputado.