Adujo que eso no supone ninguna merma del Estado de Derecho, puesto que "la filosofa que late tras el regimen jurídico de las empresas de seguridad privada es que el Estado no puede llegar a todo y por eso se cuenta con esos servicios privados".

Requero afirmó que la iniciativa del PP es equiparable en cierto modo a la de una compañía "que contrata un servicio de seguridad privada para garantizar la seguridad del personal de su empresa, aunque lo lamentable es que sea para garantizar la protección de cargos públicos".

Finalmente, Requero señaló "que esta decisión de abrir una centa corriente para recaudar fondos que garantizen la seguridad de concejales del PP en el País Vasco no supone ninguna ilegalidad. Otra cosa sería el componente de tipo político, de oportunidad o de imagen, que ahí ni entro ni salgo, pero desde el punto de vista jurídico no supone ninguna ilegalidad".