La titular del departamento de Medio Ambiente reiteró que la responsable civil es la empresa, por lo que aseguró que Boliden deberá asmir los costes que entrañe la limpieza y rehabilitación de la zona afectada, así como las indemnizaciones, al margen de las responsabilidades penales que puedan detectar los tribunales.

Respecto a las competencias de las distintas administraciones públicas, Tocino afirmó que la Junta de Andalucía es laencargada de ejercer el control y vigilancia de la balsa y el dique siniestrado.

La ministra indicó que las balsas de residuos minerales no se rigen por la Ley de Aguas, sino por la de Minas, y añadió que la comunidad autónoma tiene las competencias en minas y, por lo tanto, es la encargada de autorizar el proyecto de balsa para el almacenamiento de residuos, así como los posteriores recrecimientos que se hicieron en la que almacenaba los residuos de las minas de Aznalcóllar.

Respecto a la Confedración Hidrográfica del Guadalquivir, Isabel Tocino manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente que actuó correctamente, ya que aseguró que su misión era controlar la calidad de las aguas del Guadiamar y lo hizo obligando a la empresa a ampliar y mejorar la depuradora con la que cuenta.

BALONES FUERA

Sin embargo, insistió en que su intención no es "echar balones fuera" ante lo que calificó como "la catástrofe ecológica más grande que nunca había tenido España".

Aunque todava no se conocen con exactitud las causas de la rotura del dique que ocasionó esa catástrofe, Tocino aseveró que se manejan dos hipótesis: que tuviera su origen en algún movimiento imprevisto de la cimentación o bien en un defecto de explotación, ya que el desbordamiento de agua ácida podría haber mermado la resistencia del muro.

En cualquier caso, aseguró que el muro de contención sólo estaba impermeabilizado por la parte interior, no por la exterior, lo que pudo contribuir a su derrumbamiento.

L ministra explicó que los efectos del vertido han sido "devastadores", extendiéndose por una superficie estimada de unas 5.000 de hectáreas, de las cuales más de 2.000 son agrícolas y se dedicaban al cultivo de arroz, algodón, agrios, olivar, trigo, maíz y hortalizas. Una primera valoración de los daños cifra las indemnizaciones a los agricultores en cerca de 1.500 millones de pesetas.

Además, reconoció la importancia ecológica de este área, ya que parte de la marisma ha sufrido los efectos del vertid, un área con "notable valor ornítico", según la propia Isabel Tocino.

ACUIFEROS

Por el contrario, manifestó que la calidad del agua de los acuíferos no presenta alteraciones respecto a la que tenía antes del vertido, registrando nivles de cadmio, manganeso, plomo, zinc y mercurio que se sitúan por debajo de los límites máximos concentración que permiten las normas de calidad.

En este sentido, aclaró que todavía no se ha constatado la afección de las aguas subterráneas del acuífero 27, que abasece al parque nacional, a pesar de que el director de la Estación Biológica de Doñana declaró en un principio que sí estaba afectado.

Desde el punto de vista social, apuntó que han resultado afectados ocho municipios, con una población total de 46.200 habitantes.

Ante esta situación, la ministra de Medio Ambiente resaltó la necesidad de actuar con rapidez para retirar los lodos tóxicos, con el objetivo de evitar que los metales pesados se incorporen a las cadenas tróficas.

Para poder hacer fente a estos trabajos de limpieza, apuntó que el ministerio ha solicitado a la UE que contribuya con la aportación de Fondos Feder y, si es posible, con Fondos de Cohesión. Tocino adelantó que la Comisión Europea le ha manifestado por carta su disposición para apoyar la recuperación de la zona afectada.

Finalmente, se mostró partidaria de que las personas que queden en paro por el vertido o dejen de cobrar peonadas puedan participar en las tareas de recuperación.