Esta asociación afirma que la Administración ha despilfarrado el dinero público on el objetivo de lavar su imagen, ya que podía haber llegado a acuerdos con los agricultores para que fueran ellos los que se ocuparan de las labores de limpieza, recuperación y mantenimiento del "corredor verde".

Por el contrario, según Asaja, "las administraciones, obcecadas en hacerse con la propiedad de la tierra, intensificaron sus presiones a los agricultores y ganaderos, que finalmente tuvieron que vender o se vieron abocados a la expropiación amistosa o forzosa".

En opinión de Asaja, "nisiquiera era necesario expropiar las tierras afectadas, con el sobrecoste que esto ha supuesto para la Administración y el daño que con ello se ha inflijido a los agricultores. Hubiera bastado con crear alguna figura de protección similar a la del parque natural, que compensara a los agricultores por las labores especiales de mantenimiento del corredor".

Los servicios técnicos de Asaja-Sevilla han cuantificado en más de 26.500 millones de pesetas las pérdidas y los daños ocasionados a los agricultoresy jornaleros de la vega del Guadiamar como consecuencia del vertido de metales pesados y de las actuaciones posteriores de la Administración.