La subvención del Gobieno asciende a 2.500 millones de pesetas y forma parte de una ayuda de casi 5.000 millones otorgada en 1995, que quedó paralizada tras la rotura en 1998 de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, que provocó un desastre ambiental sin precedentes en España, a pocos kilómetros del Parque Nacional de Doñana.

Pablo Mascareñas, portavoz de Greenpeace, declaró a Servimedia que el desbloqueo de estas ayudas, antes incluso de que se conozca el informe pericial independiente que reclamó el juzgado que istruye el caso, demuestra que "en España, el que contamina cobra".

Mascareñas tachó de inaceptable la concesión de la subvención, ya que recordó que "Boliden Apirsa provocó un daño ambiental de magnitudes intolerables en una zona como Doñana, y puso así en peligro la estabilidad socieconómica de toda una comarca, ya que se produjeron importantes pérdidas en sectores como la pesca, la agricultura y el turismo".

El portavoz de Greenpeace indicó que la decisión de los ministerios de Economía y Hacieda e Industria y Energía de conceder las ayudas pendientes demuestra que el Ejecutivo "prima los intereses económicos de una empresa sobre los intereses medioambientales y de una comarca".

Asimismo, denunció que, pese a que la mina reanudó la actividad hace meses, sigue constituyendo un riesgo, ya que afirmó que no reúne las garantías de seguridad exigibles a una instalación de este tipo".