Pablo Mascareñas, portavoz de Greenpeace,declaró a Servimedia que su organización presentó el año pasado un plan de desarrollo para la comarca de Aznalcóllar que reflejaba las posibilidades de creación de empleo en sectores alternativos al minero, como la agricultura y la ganadería ecológica, las energías renovables, el turismo rural y la reforestación.

Por este motivo, Mascareñas mostró su satisfacción por el posible cierre de la mina que provocó en 1998 graves daños ambientales y económicos en la comarca de Doñana, como consecuencia de la otura de la balsa que almacenaba residuos tóxicos de esta instalación.

Sin embargo, instó a la Junta a poner en marcha un plan de empleo alternativo, para evitar el impacto económico y laboral que el cierre de la mina tendría, en caso contrario, en la comarca.

Respecto a la suspensión de pagos acordada por la empresa, Mascareñas indicó que la decisión puede estar relacionada con el accidente que sufrió hace unas semanas una mina sueca propiedad de la empresa matriz de Boliden Apirsa.

El portvoz de Greenpeace señaló que la multinacional sueco-candiense deberá hacer frente a importantes indemnizaciones, por lo que podría verse obligada a recortar inversiones en su filial española.

Mascareñas recordó "el amplio historial de esta multinacional en lo que se refiere a desastres ambientales, tanto en Suecia, como en Chile y en España".

"La decisión de la filial española se veía venir", agregó, "por eso resulta, si cabe, más imcomprensible que la Junta de Andalucía le concediera los permiso de reapertura tras el desastre ambiental que provocó en Doñana".

Sin embargo, fuentes de Boliden Apirsa aseguraron a Servimedia que la suspensión de pagos esta motivada "exclusivamente" por cuestiones financieras, ya que aseguraron que "es la decisión más sensata que se puede adoptar si se quiere mantener la actividad hasta octubre del 2001". Las mismas fuentes apuntaron que hasta esa fecha, los actuales propietarios intentaran vender la instalación a otra compañía.