La decisión de Cardenal se produjo tras la reunión que mantuvo hoy con el coordinar general de IU en Andalucía, Antonio Romero, y los diputados Felipe Alcaaz y María Jesús Aramburu, en el transcurso de la cual entregaron un escrito al fiscal general detallando el suceso y sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Los dirigentes de IU alertaron a Jesús Cardenal sobre el peligro que entraña el consumo de algunas especies piscícolas procedentes de la Bahía de Cádiz, que se distribuyen y comercializan en todo el territorio nacional.

El escrito recuerda que la propia Junta de Andalucía ha reconocido niveles altos de contaminación en alguns especies, como la coquina de fango, el ostión, el camarón y la galera, prohibiendo incluso la comercialización de estas dos últimas.

Las evidencias que constata el informe de IU motivaron que Cardenal remitiera un escrito urgente al fiscal de Sevilla, Alfredo Flores, para que pida al Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor, encargado de tramitar el caso, que amplíe la investigación a este supuesto delito.

Aunque IU pretendía que se incoara un nuevo procedimiento para investigar la existenci de un posible delito contra la salud pública, el fiscal convenció a los representantes de la coalición de la conveniencia de ampliar la investigación abierta.

El informe de IU basa sus conclusiones en los análisis que han realizado distintas instituciones, entre ellas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la zona.

CONTAMINANTES

El escrito recuerda que, si bien las especies cuya comercialización ha sido prohibida sólo superan de momento los niveles de cobre, acumulan nivees importantes de otros contaminantes que, "sin rebasar los límites legales, se muestran muy elevados".

Además, IU se pregunta si no se ha puesto en peligro la salud humana al haber esperado tanto tiempo para disponer la prohibición de comercialización de determinadas especies, ya que la coalición considera que la Junta de Andalucía no ha actuado con la cautela.

Para Antonio Romero, la falta de transparencia e información con que actúan el Gobierno central y la Junta de Andalucía, "y el hecho de ue no se asuma de una vez por todas la verdadera magnitud de los hechos acaecidos, impiden que se efectúe un diagnósitco correcto y por tanto dificultan el que se afronten los problemas de un modo coherente".