Los consumidores y usuarios recuerdan en una nota que el derecho a la información es un derecho esencial de los ciudadanos, en especial cuando se ven amenazadas su salud, su seguridad y el medio ambiente.

El CCU asegura que no ha recibido por el momento respuesta a la solicitud de información cursada a los ministerios de Medio Ambiente, de Agriculturay de Sanidad y Consumo, así como a las consejerías de Medio Ambiente y de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía. El único organismo que ha remitido información detallada al Consejo de Consumidores y Usuarios ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El CCU exige la realización de análisis y estudios periódicos sobre los niveles de contaminación y riesgos para la salud y que los resultados se hagan públicos, dado que las consecuencias del vertido tóxico pueden aparecer amedio e incluso a largo plazo.

Asimismo, exige que se garantice un mayor control del cumplimiento de la normalización en los comercios minoristas, a fin de que los consumidores puedan conocer realmente la procedencia de los productos puestos a su disposición.

En la actualidad, a juicio del Consejo, los problemas de mayor trascendencia para la salud pública que se derivan del vertido de Aznalcóllar son la presencia de metales pesados en el agua, en los alimentos y en el aire, el seguimiento de la estrucción de cosechas afectadas y las medidas adoptadas para evitar su puesta en el mercado y los planes de seguimiento de contaminación de productos agrícolas, de caza y de pesca.