La solución, explica la organización en un comunicado, consistiría en la legalización de todos aquellos regadíos que sean legalizables según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir y mediante otras normas aplicables.

Asimismo, propone realizar posteriormente un trasvase de aguas excedentarias de Huelva para la agricultura de la comarca, como pidieron los representantes de los agricultores a la ministra de Medio Ambiente, Elira Rodríguez.

Estas dos actuaciones (legalización y trasvase) permitirían el control de los aprovechamientos actuales, que se podrían sustituir en la segunda fase por aguas superficiales, con lo que se restaría presión sobre los acuíferos que puedan influir de algún modo en el Parque Nacional.

Respecto del dragado del río, ASAJA pidió ante el Patronato que, "de llegar a realizarse la obra, y de producirse daños a los agricultores y ganaderos, éstos se indemnicen de forma automática, de manera qu no se produzcan pérdidas de renta para los mismos".