En un documento presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el profesor Reynaldo Galindo, que desde 1985 investiga violaciones de derechos humanos en Irán, reveló detalles de un memorándum hasta ahora secreto preparado por el Consejo Supremo Revolucionario Cultural de Irán, que expone la política oficial el gobierno central hacia los bahá'ís.

Esa política, de acuerdo con las citas del documento, pretende tratar a esta minoría "de tal manera que su progreso y desarrollo quede bloqueado".

Asímismo, el memorándum recoge que se debe expulsar a todos los bahá'ís de las universidades, que se les debe negar el acceso a puestos influyentes y en cambio, se le debe permitir "llevar una vida modesta similar a la de la población en general" y que "hay que trazar un plan para combatir y destruir las raíces cuturales que este grupo tiene fuera del país".

El informe presentado a Naciones Unidas señala que el Gobierno iraní pretende que esta minoría sea analfabeta y no tenga formación, que vivan en el nivel de pura subsistencia y que a cada momento teman que incluso la más mínima infracción tendrá como consecuencia la amenaza de encarcelamiento o algo peor.

Según el representante bahá'í ante las Naciones Unidas, Techeste Ahderom, "el resultado que se pretende conseguir con esta nueva política parece serla creación de un ambiente en el que esta comunidad sea lentamente estrangulada sin llamar la atención internacional".

Desde 1978, más de 200 miembros de esta comunidad han sido ejecutados o asesinados en Irán, centenares de ellos han sido encarcelados, y miles se han visto privados sus trabajos, pensiones o formación, según los informes que posee la ONU.

Aunque el ritmo de muertes disminuyó a finales de los 80 y primeros de los 90, en Abril de 1992 un hombre de negocios bahá'í fue ejecutado en Therán únicamente por sus creencias religiosas, provocando preocupación a nivel internacional por si se estuvieran preparando una nueva serie de asesinatos.