Las modificaciones introducidas en el texto original han provocado las críticas de las organizaciones ecologistas, de consumidores y sindicatos en España, por considear que beneficia a las empresas de envases y embalajes, en detrimento de los usuarios y el medio ambiente.

Según Greenpeace, el texto no contempla medidas que garanticen la reducción de residuos, la separación en origen y uso de envases retornables.

Aunque la secretaría de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó a Servimedia que nuestro es partidario de retornar al texto original, más conservacionista, la delegación española ha mostrado su disposición favorable a la aprobación defintiva de la directiva.

Los ministros de medio ambiente también podrían aprobar la directiva sobre vertidos de residuos. España pedirá un plazo superior a los diez años para adaptar los vertederos de nuestro país a la nueva normativa, operación que requerirá una inversión anual cercana a los 30.000 millones de pesetas.

Durante el Consejo de Ministros, que finalizará el próximo jueves, se volverá a abordar la propuesta de creación de una tasa energética que permita reducir las emisiones de CO2 y la elegación española pedirá a sus socios comunitarios que apoyen la elaboración de un plan estratégico para la lucha contra la desertificación del Mediterráneo norte, propuesta que en ocasiones anteriores no ha contado con el suficiente apoyo.