Los miembros de la ponencia, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes del Congreso, son Joaquín Almunia, Alejandro Cercás y Constantino Méndez (por el PSOE) Rodolfo Martín Villa, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos (por el Partido Popular), Ricardo Peralta y Pdro Antonio Ríos (por Izquierda Unida), Francesc Homs (Convergencia i Unió), Jon Zabalía (PNV), Vicente González Lizondo (Unión Valenciana) y José Carlos Mauricio Rodríguez (Coalición Canaria).

Esta ponencia o grupo de trabajo redactará un dictamen con sus conclusiones en un plazo de dos meses, tras haberse creado por acuerdo unánime de toda la Cámara en apoyo a una iniciativa que partió de Convergencia i Unió, antes de que el ministro de Economía, Pedro Solbes, desatase la polémica sobre el futuro delas pensiones en España.

Joaquín Almunia, que ya dirigió desde el Ministerio de Trabajo la reforma de las pensiones efectuada en 1985, manifestó a Servimedia que una de las tareas de la ponencia será precisamente analizar en qué medida las correcciones introducidas hace nueve años no sólo iban en la buena dirección y han sido suficientes, o en qué medida hay que añadir nuevas propuestas y a qué ritmo".

Almunia se mostró convencido de que, a diferencia de lo que sucedía en 1983 ó 1984, cuando fue lanteada la reforma "ahora no hay ninguna medida que tenga que ser tomada con urgencia y sin dilación, porquee el sistema tiene una base mucho más sólida que la que tenía hace diez años".

Por su parte, el diputado del Partido Popular Juan Carlos Aparicio señaló a esta agencia que la preocupación de que las tareas de la ponencia se vean mediatizadas por la polémica creada a raíz de las declaraciones de Solbes.

Agregó que lo lógico será que los miembros de la ponencia, además de aportar sus propiasideas, soliciten la comparecencia de representantes de la patronal, los sindicatos y las entidades financieras que tienen en el mercado fondos de pensiones.

Pedro Antonio Ríos, que será uno de los representantes de Izquierda Unida en la ponencia, indicó a Servimedia que su grupo parlamentario defenderá el sistema público de pensiones por entender que la mayoría de los españoles no pueden permitirse suscribir fondos de pensiones.