En la campaña, presentada hoy en rueda de prensa, participan la Fundación para la Defensa de la Unidad Española, el Foro de Ermua, la asociación Convivencia Cívica Catalana, el sindicato Manos Limpias, Ciudadanos por la Constitución española, Comité Civil Internacional, Juventudes Unificadas del Foro de Ermua, Fundación Unidad y Diversidad, Asociación Universitaria Gaudeamus de Aragón, Asociación Gallega por la Libertad del Idioma, Fundación Papeles de Ermua y Vecinos de Paz de Berriozar.

Los organizadores de la campaña sostienen que, puesto que la reforma del Estatuto catalán, en la práctica, afecta a todos los españoles, son todos los ciudadanos los que deben decidir a través de un referendum.

Ricardo Garrudo, vicepresidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, explicó que, aunque su iniciativa coincida con la campaña lanzada por el Partido Popular, ésta "no es expresamente un apoyo al PP", si bien las firmas que recojan a través de la página web serán sumadas a las que recopilen los populares.

Garrudo dijo que la idea de lanzar esta iniciativa surgió porque "muchas personas no querían firmar en la campaña de un partido político", por lo que decidieron iniciar una recogida de firmas de forma independiente. Añadió que el nuevo Estatuto "es anti-español y pone los cimientos para una Cataluña independiente".

Ana Velasco, de la misma asociación, defendió que es necesaria "una consulta popular para preservar el sistema político" porque el nuevo Estatuto catalán "rompe la letra y el espíritu de la Constitución".

Miguel Bernat, del sindicato Manos Limpias, explicó que lo que pretenden con esta iniciativa es "evitar la disolución de la unidad de España y de la solidaridad entre los españoles", y añadió que el Estatuto catalán "encubre una reforma de la Carta Magna".

Los organizadores de la campaña quisieron dejar claro que revisarán las firmas para darles validez. Además, cotejarán sus listas con las firmas recogidas por el Partido Popular para que nadie firme dos veces.

DESIGUALDAD ENTRE REGIONES

Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua, subrayó que el nuevo Estatuto crea insolidaridad entre las regiones y fomenta la desigualdad económica entre comunidades, ya que "unas regiones se van a hacer más ricas quitándole dinero a las demás".

Buesa ofreció datos prácticos de como quedaría la renta per cápita de los ciudadanos de cada comunidad con el nuevo sistema finaciero pactado en el Estatuto catalán, en base a un cálculo que él mismo, como economista, ha realizado.

Según sus cuentas, Baleares recibiría 800 euros más por persona y por año, Madrid en torno a los 600 euros y los ciudadanos de Cataluña dispondrían de 320 euros más.

En contra, las regiones más desfavorecidas recibirían mucho menos, en concreto Canarias tendría 750 euros menos por persona cada año y Extremadura 670 euros menos.

Para Buesa, esto tendría efectos "drámaticos" para las comunidades más pobres, y en zonas como Extremadura "varios hospitales tendrían que cerrar, habría menos servicios públicos para los mayores y las escuelas tendrían que reducir su tamaño".