En una nota de prensa, ENAR señala que esa directiva debe ser trasladada a nuestra legislación anes del mes de julio del año 2003, sin que por el momento las organizaciones sociales que actuamos en sus ámbitos hayamos sido consultadas en ningún sentido, ni hayamos recibido información alguna sobre dichos trabajos legislativos.

Además, este colectivo recuerda que el artículo 12 de la propia directiva establece expresamente que los Estados miembros fomentarán el diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales que tengan, con arreglo a su legislación y práctica nacionales, un inteés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial y étnico, con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

"No es este punto de participación de las ONG el único importante de la nueva normativa antidiscriminatoria, sino que aspectos previstos como la inversión de la carga de la prueba en los hechos racistas requieren para su aplicación en España un importante cambio y esfuerzo en la legislación penal española. Nada sabemos las organizaciones de ENAREspaña por el momento de cómo se están realizando tales cambios", asegura esta red.

La Red ENAR España está integrada por el sindicato USO, IEPALA, la Federación de Asociaciones Defensa de los Derechos Humanos, Asociación pro Infancia-Andina, ACULCO, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres E. Waiso Ipola, Asociación Nacional Presencia Gitana, AESCO, Red-Acoge, CEAR, MSF, VOMADE, ARI-PERU, SOS-RACISMO, CONADE, Federación Inmigrantes de Cataluña, ABAY, FOJA, MALEVA, Colectivo Gays y Lebianas, MPDL y Derechos para tod@s, entre otras.