Un proyecto que el Ministerio ya ha tratado con la Asociación de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (Aoglp) y que, según publicó el diario ABC, tendría más de tres millones de hogares como beneficiarios potenciales.

Según explicó a Servimedia la presidenta de la Aeglp, Concepción Calzada, "nos parece bien que el Gobierno empiece a tomar decisiones con respecto al butano".

Consideró, además, "adecuado y correcto" que se implante una tarifa social para esta forma de energía, sobre todo porque "al butano acceden las economías más desfavorecidas y las que tienen más difícil el acceso a otras fuentes energéticas".

De ahí que la asociación valore positivamente "no penalizar a la gente de menor poder adquisitivo, sobre todo en un momento de crisis económica y teniendo en cuenta la reciente subida del precio de la bombona", que cuesta ya más de 14 euros.

Los butaneros, no obstante, vinculan su apoyo a esta tarifa social a que se liberalice el precio de la bombona de butano (tal y como pide la Comisión Nacional de la Energía) o a que se apoye al sector con ayudas económicas.

Según Calzada, el sector de la distribución de butano está compuesto de multitud de pequeñas empresas (más de 600) que, ante la subida del precio del butano y el descenso en el consumo, podrían acabar siendo 300 en 2009, con la consiguiente destrucción de empleo.