Fuentes oficiales señalaron hoy que España apoya de forma incondicional este proyecto, debido a que las autoridades de nuestro país creen que la coordinación es imprescindible para luchar eficazmente contra el narcotráfico.

La creación de la Europol facilitará también el control de los denominados "paraísos fiscales" y del "dineo negro" procedente de la venta de estupefacientes, además del terrorismo y de la inmigración ilegal.

Antes de 1993, la Policía Europea deberá tener una sede estable y un número de agentes asignados, pese a las reticencias manifestadas por algunos países, porque supondrá perder parte de su soberanía si los "Doce" deciden autorizar las denominadas "persecuciones en caliente" (que fuerzas de seguridad de un Estado puedan penetrar en otro para detener a delincuentes).

Ese año, la desaparición de lasfronteras en la CE significará que un ciudadano no europeo tendrá que disponer de un visado para poder transitar por la Comunidad, al tiempo que obligará a incrementar la vigilancia policial.

La Comunidad tendrá que sufragar parte de los gastos que genere la Europol, especialmente en infraestructuras de seguridad, ya que también servirán para contener el flujo migratorio de los países del Magreb y de la Europa del Este.

CUOTAS DE EMIGRACION

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, aseguró oy en el Congreso que "no me repugna la idea" de establecer cuotas anuales de emigración, ya que es peor realizar una política permeable que permita a todos los extranjeros entrar ilegalmente en España.

En su opinión, la permisividad acarrearía una reacción xenófoba perjudicial para todos aquellos que tienen legalizada su situación en nuestro país y facilitaría su explotación por parte de empresarios poco escrupulosos.

El titular de Interior señaló que el proceso para la regularización de extranjros, que concluyó ayer, ha sido muy flexible, hecho que ha facilitado que unas 120.000 personas legalizasen su situación en España.

Se calcula que para el año 2000, los países del Magreb tendrán cien millones de habitantes, parte de los cuales se verán obligados a emigrar por razones estrictamente económicas.

Ante estas cifras, las autoridades españolas propondrán que parte de los empleos nacionales que no se cubren con la mano de obra autóctona sean ofertados a esta población, siempre que se hag con unas mínimas garantías para evitar abusos.