Todo parece indicar que, al igual que sucede con ANV y los grupos municipales que esta formación tiene en más 100 ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la sentencia de ilegalización del PCTV no incorporará específicamente la orden de disolución de su grupo parlamentario en la Cámara vasca.

De hecho, y según consta en el fallo adelantado el pasado jueves por el Tribunal Supremo, la ilegalización del PCTV tiene "las consecuencias de toda índole previstas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos", entre las que no consta la disolución de los grupos parlamentarios.

Por lo tanto, habrá que esperar al trámite de ejecución de la sentencia para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado pidan a la Sala del 61 la disolución del grupo parlamentario del PCTV.

Este trámite de ejecución comenzará una vez se notifique a las partes el texto íntegro de la sentencia, algo que, según fuentes del Alto Tribunal, no se producirá hasta mañana lunes.

En ese momento, la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían presentar su solicitud de disolución -acompañada de los correspondientes argumentos legales- y la Sala debería reunirse para deliberar y tomar una decisión al respecto.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por Servimedia señalaron que, una vez se presente la demanda de disolución, el proceso de deliberación y toma de decisión de la Sala del 61 podría tardar entre una semana y diez días.

NUEVO PRESIDENTE

Debido a que el próximo martes los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomarán posesión de sus cargos y nombrarán al nuevo presidente del Tribunal Supremo, será esta persona quien presidirá la Sala del 61 que deberá ordenar la disolución del grupo parlamentario del PCTV.

Una vez tomada la decisión, la Sala del 61 deberá dictar un auto ordenando la disolución del grupo del PCTV y dirigir un oficio a la Mesa del Parlamento Vasco para que lleve a cabo la suspensión.

Si la sentencia de ilegalización se notifica finalmente el próximo lunes, y teniendo en cuenta los plazos de deliberación de la Sala del 61, la orden de disolución del grupo parlamentario no llegará al Parlamento vasco hasta la primera o segunda semana de octubre.

Una vez llegue el oficio del Tribunal Supremo a la Cámara vasca, habrá que esperar a que se reúna la Mesa del Parlamento autonómico para que se pueda tramitar la orden y hacer efectiva la disolución del grupo del PCTV.

Aún así, y tal como ocurrió con la ilegazación de Batasuna en el año 2003 y el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, es probable que la Mesa pida un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para estudiar la orden del Tribunal Supremo.

En aquella ocasión, y debido a la oposición de la Mesa a disolver a Sozialista Abertzaleak -nombre bajo el que se agruparon los diputados de Batasuna tras su ilegalización- se inició un proceso jurídico que acabó con el entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, condenado a un año y medio de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa de 18.000 euros por un delito de desobediencia.

Sin embargo, y a pesar de que se ordene la disolución del partido, la sentencia no afectará personalmente a los nueve diputados que el PCTV tiene en el Parlamento Vasco, ya que el acta de diputado es un título individual que jurídicamente corresponde a cada persona electa y no a la formación en su conjunto.

Por lo tanto, si se decreta la disolución, los nueve diputados autonómicos del PCTV tan sólo perderán el grupo parlamentario que tenían formado, pero podrán adscribirse al grupo mixto.