El bloqueo de la ley dehuelga ha sido duramente criticado por los sindicatos, que consideran que supone tirar por la borda todo lo trabajado hasta ahora para sacar adelante el esta normativa y empezar de nuevo.

El secretario de Comunicación e Imagen de CCOO, Angel Campos, señaló a Servimedia que la disolución de las cámaras sin aprobar la ley de huelga "es una manera muy mala de acabar una legislatura, dejando pendiente un tema que ha llevado meses de negociación y discusión y que estaba únicamente a falta de un último trámte formal".

El proyecto de Ley de Huelga, que fue fruto del acuerdo alcanzado a finales del año pasado entre el Grupo Parlamentario Socialista y los sindicatos UGT y CCOO, estaba ya sólo pendiente de su ratificación en el Congreso de los Diputados, después de que fuera aprobado por el pleno del Senado en la última semana de marzo.

La aprobación definitiva del proyecto en el Congreso, que estaba prevista para la última semana de abril, no se producirá por lo tanto en esta legislatura y tampoco haygarantías de que ocurra en la próxima, ya que dependerá del Gobierno que salga de las elecciones y deberá volver a pasar todo el trámite parlamentario.

La elaboración y trámite parlamentario de este proyecto de ley han sido complicados, debido fundamentalmente a las críticas contra el proyecto manifestadas por los empresarios y por responsables del Gobierno, contrarios a que el texto viera la luz en los términos acordados con los sindicatos.

El propio presidente del Gobierno, Felipe González, juno con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Economía, Carlos Solchaga, han defendido reiteradamente cambios en el proyecto, frente a otros miembros del Gobierno, como el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, que defendía el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los sindicatos.

OTROS ASUNTOS PENDIENTES

Además del proyecto de Ley de Huelga, quedan pendientes normas importantes como el nuevo Código Penal, la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, la nueva ey de Arrendamientos Urbanos, la reforma del Congreso de los Diputados y la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, entre otras.

El nuevo Código Penal estaba siendo objeto de controversia entre el PSOE y el PP, porque este último partido acusaba al Gobierno de intentar aprobar un texto "a su medida", en detrimento del consenso, que entrase en vigor antes de octubre.

La reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, aprobada ya en Comisión, preveía una reducción de gastos electorale y la posibilidad de que los partidos puedan cambiar el orden de los senadores en las candidaturas que hasta ahora figuraban por orden alfabético.

Esta reforma tuvo su origen en una propuesta del CDS que se hizo eco de la amplia demanda en la opinión pública de medidas para frenar el gasto de los partidos, cuya financiación irregular está en el origen de los últimos casos de corrupción, como el "caso Filesa", que ha sido determinante en la crisis del PSOE y la convocatoria anticipada de elecciones.

La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, con la que el Gobierno pretendía reformar el mercado de alquileres en España, también verá paralizado su proceso legislativo, ya que estaba pendiente del dictamen de la Comisión de Industria del Congreso para ser ratificada en el Pleno antes de su envío al Senado.

Otra de las leyes que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deseaba aprobar en esta legislatura era la de la edificación, que aún no ha sido remitida al Consejo de Ministros, pero en la que l Dirección General de la Vivienda venía trabajando duro, intentando consensuar con los agentes de la construcción y las aseguradoras un sistema de garantías que evite la desprotección de las personas en casos de siniestros o catástrofes.

Tampoco verá la luz esta legislatura la polémica "ley eléctrica", con la que el Gobierno, según fuentes del Ministerio de Industria, buscaba una menor regulación estatal del mercado eléctrico nacional, sin perder de vista a una industria considerada estratégica, y meneniendo la moratoria nuclear que pesa sobre tres centrales desde 1984, por decisión del primer gabinete de Felipe González.