Del total de las impunaciones, 14 correspondieron a conflictos o recursos planteados por el Estado, mientras que las 33 restantes fueron interpuestas por las Comunidades Autónomas.

Según este ministerio, la reducción de la conflictividad entre el Estado y las Autonomías se debió a una consolidación de las relaciones de cooperación, intensificada tanto por el diálogo previo en la fase de elaboración de la normativa autonómica, como por el consenso una vez dictada la ley autonómica.

Respecto a normas autonómicas con rago de Ley del año 2001, el Estado ha evitado la interposición de 13 recursos de inconstitucionalidad, al haber llegado a acuerdos con los distintos gobiernos regionales.

De las impugnaciones de las Comunidades Autonómas, 13 fueron planteados a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 7 contra la Ley Orgánica de Universidades y otros 5 recursos contra las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de Medidas para el 2002.

Finalmente, informaron que de las 4.000 normas aprobadas por las Comuidades en el año 2001, sólo 14 suscitaron alguna controversia competencial.