Ruano destacó que en España no hay nada legislado que se parezca al hecho que ha provocado la sentencia del Tribunal Europeo, por lo que "es imposible que aquí se de nunca ese supuesto".

A juicio de la abogada, con la sentencia del "caso Kalanke" quedaa en el aire la posibilidad de poder avanzar en la legislación en el sentido de la discriminación positiva, pero con esta doctrina del Tribunal Europeo que admite en determinados supuestos la validez de la discriminación positiva, "es el momento de plantearnos en España la posibilidad de que en el próximo Estatuto de la Función Pública se introduzca", indicó.

En su opinión, incluir este supuesto del "caso Marschall" en las empresas privadas en muy complicado porque presentaría problemas jurídicos. Sinembargo, añadió que en la Función Pública se puede hacer perfectamente y que, además, la Constitución española lo avala.