Las entidades firmantes del manifiesto dicen "no" al juego ilegal y exigen de la Administración políticas activas de formación y empleo, como única vía para luchar contra la exclusión laboral y profesional que sufren actualmente las personas con discapacidad, como manifestó hoy en rueda de prensa Teresa Palahí, consejera general de la ONCE.

Según el manifiesto, la integración de los discapacitados no puede condicionarse al incremento de juegos y loterías. "Las actividades ilegales que utilizn la discapacidad como elemento de reclamo suponen siempre la manipulación y explotación de personas minusválidas, además de ser un engaño para los consumidores, un fraude a la Hacienda Pública y un estímulo de la economía sumergida en favor de intereses particulares", destacó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Rafael de Lorenzo, que también asistió a la presentación del manifiesto.

Los representantes de la práctica totalidad de entidades de discapacitados catalanes consideran que la prliferación de nuevos juegos ilegales "apartan a Cataluña" de las naciones más vanzadas de nuestro entorno, además de abrir una "brecha" permanente en el sector de la discapacidad. Por todo ello, piden al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que siga impulsando políticas activas de formación y empleo.

Asimismo, el sector de la discapacidad refuerza su apoyo a la ONCE "frente a cualquier acción que pueda perjudicar su estabilidad, con el fin de garantizar los recursos de la Fundación ONCE, que se dedian en favor de la integración social de personas con discapacidad", dice textualmente el manifiesto.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Miguel Carballeda, relató el escenario del juego ilegal en Cataluña, que mueve anualmente 1.000 millones de pesetas. A esta actividad ilegal se dedican, según estimaciones aportadas por Carballeda, unos 1.000 vendedores en todo el territorio catalán, de los que solamente 400 son discapacitados.

Entre los firmantes de este manifiesto se ncuentran organizaciones de todo tipo de minusvalía y otras entidades como la Federación ECOM, la Federacción Catalana Pro Personas con Disminución Psíquica, la Federacion de Sordos de Cataluña, UGT, Aspace, Alcer, o la Asociación de Hemofilia, hasta un total de 36 organizaciones.

Los firmantes piden a la Administración, tanto autonómica como central, una serie de medidas concretas, como son suspender cualquier tipo de actividad ilegal en este campo; desarrollar urgentemente las medidas previstas en l LISMI para que el trabajo sea el medio de integración de las personas con minusvalía; impulsar nuevas medidas técnicas y económicas para ofrecer trabajo normalizado a personas con discapacidad física; y coordinar todas las acciones al alcance de las administraciones, la ONCE y la Fundación ONCE para posibilitar una autentica promoción del trabajo de discapacitados.